Colombia en dos

El 2 de octubre de 2016, Colombia se la jugó el todo por el todo con el plebiscito sobre los acuerdos de paz entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En el referendo no solo se debatía sobre el fin del conflicto armado, sino que el plebiscito se convirtió en la arena perfecta para librar diferentes disputas internas que se extendían –así como con las FARC– desde hacía décadas en Colombia: la disputa política, económica, social, filosófica y hasta la religiosa-moral. En el debate sobre el futuro moral de Colombia, ningún aspecto tomó tanta notoriedad como el artificio de la “ideología de género”, que tanto retumbó antes del referendo y que tan escasamente tenía que ver con el propio acuerdo. Enemigos del proceso de paz se sintieron amenazados con lo que se venía pactando en Cuba, sobre todo con el enfoque de género como principio transversal y orientador del acuerdo final, y hábilmente utilizaron, en su campaña en contra del plebiscito, prejuicios religiosos alrededor de la llamada “ideología” para prevenir, según sus creencias, la destrucción de la familia y evitar la “imposición del homosexualismo”.

 

Lo inicios: la “colonización homosexual”

 

Ciertos sectores de índole religiosa y conservadora venían sosteniendo desde hacía un tiempo un pulso con el Gobierno del presidente colombiano, Juan Manuel Santos. A dichos sectores, les arrebató el pánico moral cuando el Ministerio de Educación llamó a revisión los manuales de convivencia de los colegios con el objetivo de determinar si de algún modo las escuelas podrían estar incurriendo o promoviendo discriminación. La revisión atendía a exigencias de la Corte Constitucional, la cual ordenó al Ministerio –después de que en 2014 un joven de 16 años se quitara la vida a causa de la discriminación en su entorno escolar por su orientación sexual– a implementar el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y revisar de manera “extensiva e integral todos los manuales de convivencia en el país para determinar que los mismos sean respetuosos de la orientación sexual y la identidad de género de los estudiantes”.

 

A todo se le sumó la divulgación que hicieron los medios de comunicación en agosto de 2016 del borrador de la cartilla “Ambientes escolares libres de discriminación”, surgida en el marco de un convenio establecido entre el Ministerio de Educación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Unfpa y Unicef. La cartilla buscaba generar conciencia sobre la educación de género en las aulas de Colombia. No obstante, lo que desató, así como lo interpretaron los opositores de estas iniciativas del Gobierno, fue el miedo a la supuesta “colonización homosexual” en los colegios por parte de la comunidad LGBTI.

 

Después de protestas y de mucha presión, Santos echó para atrás el manual al cabo de una reunión con altos jerarcas de la Iglesia. El presidente terminó apartándose de la cartilla para conservar el apoyo de la Iglesia católica o iglesias cristianas al proceso de paz, teniendo en claro que la influencia cristiana y su poder electoral en la actualidad colombiana era considerable. Y es que según datos de la Oficina de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior, el fenómeno cristiano en Colombia cuenta con 6.000 iglesias y unos 15 millones de feligreses –esto en un país de 47 millones de habitantes–.

 

El enfoque de género en el acuerdo final de paz

 

Aparte de estos hechos “colaterales”, el foco central del debate sobre la “ideología de género” llegó con el anuncio hecho por la Subcomisión de Género de la Mesa de Conversaciones en la Habana sobre el enfoque de género en los acuerdos en el comunicado conjunto 82 del 24 de julio de 2016. Y con él, el discurso que pronunció al respecto el jefe del equipo negociador por parte del Gobierno, Humberto de La Calle. “El sexo es una condición dada, mientras que el enfoque de género toca concepciones de carácter cultural que han generado estructuras de comportamiento social, que son históricas, en el sentido de que son productos sociales no deterministas”, dijo el jefe negociador. “No se nace mujer, se llega a serlo. Y hoy podríamos agregar también: no se nace hombre, se llega a serlo”, agregó, citando a Simone de Beauvoir.

 

El enfoque de género, así como está planteada en los acuerdos, busca promover la igualdad en la Colombia del posconflicto, y no pretende, según lo tratado en el papel, “sobrevalorar poblaciones específicas”. La idea central gira en que “hombres, mujeres, homosexuales, heterosexuales y personas con identidad diversa, participen y se beneficien en igualdad de condiciones”.

 

“El nuevo Acuerdo Final presta especial atención a derechos fundamentales de las mujeres, de los grupos sociales vulnerables como son los pueblos indígenas, las niñas, niños y adolescentes, las comunidades afrodescendientes y otros grupos étnicamente diferenciados; de los derechos fundamentales de los campesinos y campesinas y de los derechos esenciales de las personas en condición de discapacidad y de los desplazados por razones del conflicto; de los derechos fundamentales de las personas adultas mayores y de la población LGBTI”, reza el acuerdo final revisado.

 

El enfoque de género se enfoca, no obstante, principalmente en la mujer –sobre todo en el acuerdo final revisado, que aunque sigue incluyendo el enfoque de género, lo circunscribe de forma más conservadora–, y en su reparación como víctimas del conflicto, entendiendo que para garantizar la igualdad de derechos es necesario dar “métodos diferenciales de reparación para las mujeres que han sufrido el conflicto”. El enfoque abordó especialmente cuatro de los seis puntos que trata el nuevo acuerdo de paz: (1) los problemas de las mujeres en el campo y su acceso a la propiedad rural en igualdad de condiciones; (2) su participación en la política; (4) el impacto que tiene sobre ellas la violencia a raíz del tráfico de drogas; (5) y sus problemas como víctimas del conflicto.

 

La campaña en contra del enfoque de género

 

Dicho enfoque, junto con las palabras de Humberto de La Calle, fueron interpretadas por algunos líderes de oposición y religiosos como una amenaza a sus principios y valores morales, y como evidencia de las intenciones de sustituir estos principios por la denominada “ideología de género”. El ahora exprocurador colombiano, Alejandro Ordoñez, quien una y otra vez desbordó su rango de función como funcionario público, fue uno los principales opositores al proceso. “Los acuerdos de La Habana están permeados por la ideología de género”, dijo en entrevistas a medios locales. “El enfoque de género de los acuerdos no está planteado en un solo sentido”, agregó.

 

El reconocido católico lefebvrista sostuvo, asimismo, que en los acuerdos la mención a la población LGBTI aparecía 144 veces, cuando en realidad se refería solo a la palabra “género” que aparecía 111 veces en el primer acuerdo y 54 veces ahora en su renovada y amansada versión. “Nosotros no podemos ser ciegos en esto. Es nuestra obligación, si no Dios nos pedirá cuentas por ello”, sostuvo el exprocurador. Desde este contexto en adelante, y con el objetivo de tumbar los acuerdos, desataron una campaña de desinformación valiéndose de prejuicios arraigados en la sociedad colombiana. A ello, se sumaron personalidades de la política como el senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez, la senadora y ex fiscal general Viviane Morales y líderes de varias iglesias, fundamentalmente evangélicas, quienes utilizaron esta perspectiva de género, o simplemente el uso de la palabra en las negociaciones, para confundir y polarizar a la población, siempre ubicando la defensa de la familia tradicional en el centro del debate. Para estos, el término “género” solo puede hacer referencia al sexo, ya que sexo y género son uno por voluntad divina. En tal perspectiva, toda forma de sexualidad no heterosexual es considerada ilegítima. Así entonces, estos líderes capitalizaron la fe de sus creyentes a través de miedo infundados y explotaron sus emociones colectivas para influenciar la política pública en un país que proclama ser laico.

 

Asimismo, denunciaron que el acuerdo estaría por encima de la Constitución, que sería supraconstitucional, inamovible. Y de manera adrede desconocieron que en el artículo 13 de la Constitución –el cual establece la responsabilidad del Estado en mantener la igualdad y proteger a los grupos más vulnerables– tal enfoque de género ya está, en esencia, estipulado. Este “desconocimiento” de la Constitución solo pretende avalar y defender lo que consideran su “derecho” a discriminar en razón de la orientación sexual e identidad de género.

 

Ignorar lo que ya está determinado en la ley abre la puerta para revertir los avances jurídicos de los últimos años avalados por la Corte Constitucional en materia de igualdad: el aval de las uniones maritales de parejas del mismo sexo, la creación de una política pública nacional para que las personas LGBTI pudieran materializar todos sus derechos, entre otros.

 

Por otro lado, opositores al proceso no dieron crédito a que el enfoque de género en el acuerdo de paz no era una imposición única y particular de dicha negociación, sino que corresponde, por un lado –desde el punto de vista del derecho internacional–, al Estatuto de Roma (1998) y a la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad (2000) –que promueve los derechos de la mujer–, y por otro, a que la inclusión de dicho enfoque en el acuerdo llega como resultado de la consolidación de plataformas en pro de la igualdad que han recogido el conocimiento activista y feminista acumulado en la última década en el conflicto armado colombiano, como lo son las secretarías y oficinas de la mujer para la atención de la violencia de género y la protección de derechos de minorías, incluyendo la población LGBTI.

 

Más de la mitad de víctimas del conflicto armado

son mujeres

 

En un conflicto donde más del 50 por ciento de la víctimas han sido mujeres y donde la desigualdad impera, incluir un enfoque de género en los acuerdos que vele por sus derechos parece apenas sensato. Hasta la fecha, el Registro Único de Víctimas reconoce que el conflicto armado en Colombia ha dejado 8.022.919 de víctimas, de las cuales 3.982.960 son mujeres y 3.980.394, hombres.

 

Es claro que el conflicto armado entre el Estado colombiano y los grupos insurgentes ha tenido una dimensión de género. Tan solo para empezar habría que mirar a las más de 18.000 víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual del conflicto. No obstante, esta es tan solo una de las muchas facetas en el tema de derechos de la mujer. El enfoque género toca más fondo y concierne a la sociedad como un todo. De ahí que en este debate acalorado se juega más que “solo” el fin del conflicto: en el acuerdo de paz se juega la consolidación futura del proyecto de nación.

 

Sin equidad no hay paz

 

El debate alrededor de “la idolología de género” evidencia cuán polarizado está Colombia en torno al tema de equidad. Queda aún mucho terreno por recorrer para que un compromiso más profundo con la igualdad entre a ser parte del pacto común de la sociedad. Así, y de cara a una nación que mira con ansias la construcción de un país en paz que valore la equidad y se disocie de la discriminación, urge reforzar la enseñanza en temas de género y sexualidad, e incorporar su discusión en el diseño de la Colombia del posconflicto.

 

Vale aclarar que quienes promueven la discriminación no son todos los cristianos. Y quienes critican los acuerdos no son solo aquellos quienes manipularon de forma oportunista y errónea lo que en realidad planteaba el texto. Sin embargo, y más allá de quienes sí manipularon las cosas para beneficio propio, el “derecho” a la discriminación, tanto en el plano legal como moral, no tiene cabida en el debate; la discusión religiosa no puede sobreponerse a la garantía de los derechos de la población.

 

El enfoque de género pretende ser un medio de construcción de paz a través de la inclusión de relaciones en la sociedad basadas en la igualdad. Y en la era del posconflicto, la superación de la profunda confrontación que existe entre una Colombia patriarcal y una abierta y liberal constituirá uno de los puntos centrales para poder consolidar una verdadera paz.

 

Felipe Espinosa Wang es redactor de matices.