Impunidad total

Recordando con ira

von Javier Otaola Montagne

El terror de estado durante la dictadura militar de Pinochet cuenta con miles de delitos de lesa humanidad contra los ciudadanos chilenos. Sin embargo, hasta ahora hace falta un verdadero esfuerzo por parte del Estado a revelar la verdad y generar justicia a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos.

 

Las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar de Pinochet fueron increíblemente numerosas. Las ejecuciones arbitrarias, las desapariciones de detenidos, las torturas y la prisión política afectaron a millares de personas. Según los organismos de derechos humanos de la época, se persiguió directamente a 347.000 personas anualmente, lo que corresponde a un promedio del 5,18% de las personas entre 15 y 54 años.

 

Esta política de violaciones a los derechos humanos requirió de un aparataje represivo de impresionante magnitud que contó con miles de miembros.

 

Un balance siempre rojo

 

Después de 15 años de democracia (1990-2005) el balance es muy preciso. De las decenas de miles de casos de violaciones de derechos humanos no más de 50 se han aclarado, de los miles de agentes uniformados encargados de asesinar, hacer desaparecer y torturar, sólo han sido condenados 29, generalmente a penas irrisorias y en condiciones especiales en comparación con los reos comunes.

 

Este balance entrega un solo resultado: en Chile ha habido una impunidad casi total. En efecto, el funcionamiento del sistema judicial ha permitido que se actúe con una lentitud increíble: hay procesos que van a cumplir 30 años o más, desde que se presentó el habeas corpus inicial.

 

Inventando manipulaciones

 

Ha existido una capacidad inventiva tan fecunda para crear argucias que impidan lograr la justicia que alcanzan las cumbres del cinismo social, empezando porque el mismo gobierno militar que había violado los derechos humanos dictó una amnistía que ocasionalmente se le reconoce por los Tribunales actualmente.

 

Cuando llegó la democracia (1989), Pinochet siguió como jefe del Ejército y advirtió que protegería a “su gente”. La timidez del Poder Judicial para procesar los casos de violaciones se transformó en terror paralizante.

 

En estas circunstancias, el primer presidente democrático, Patricio Aylwin anunció su política de “justicia en la medida de lo posible”, que inspirada en la ética de la responsabilidad de Weber, obligaba a considerar los efectos que podría provocar cualquiera decisión. Así se evitó tener crisis con los militares.

 

Pero existía una obligación moral de hacer algo frente a la magnitud y masividad de estas violaciones. Ya que no se podía dar justicia se daría verdad.

 

Esta verdad fue el Informe Rettig. Esta verdad estaba llena de concesiones, era una verdad parcial y hasta una tergiversación de los hechos. Así, por ejemplo, el informe Rettig no reconoce que haya habido tortura en Chile aunque la tortura fue el instrumento central del sistema represivo, las muertes y las desapariciones fueron simples consecuencias o resultados casionales del mismo.

 

En segundo lugar, el Informe aceptó la imposición militar y se registró en el mismo nivel a los militares muertos en combate, como si fuesen violaciones a los derechos humanos. Estos casos, aunque reducidos en número, contaminaban los conceptos aceptados sobre lo que son las violaciones a los derechos humanos y desnaturalizan el informe.

 

Muchos entendieron el carácter especial de la transición e interpretaron que esta verdad parcial era un paso positivo.

Cuando cambió la dirección del Ejército, se pensó que era la oportunidad de conseguir algo de justicia y se creó la Mesa de Diálogo (1999) con la presencia de militares, representantes del gobierno y abogados defensores de las víctimas. Se pensaba que allí se recibiría una gran cantidad de información que permitiría acelerar los casos de derechos humanos, siempre paralizados o en lento avance.

 

Las fuerzas armadas reconocieron su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos y hasta se especificó que los cadáveres de los detenidos desaparecidos habían sido lanzados al mar. La derecha y el gobierno comunicaron al país y al mundo que este era un reconocimiento que mostraba la grandeza de los militares.

 

Si el ejército asumía la “responsabilidad” quería decir que iba a responder a las consecuencias de esos actos. Gran error: la responsabilidad terminaba, según los militares, cuando se reconocía. Nada más… y así, eso era mucho.

Cuando se le pidió información concreta, el ejército informó que no se habían guardado registros ni existían testigos o autores ya que había pasado mucho tiempo. De esta manera se lograba la máxima aspiración militar: el punto final y la impunidad.

La contraparte del poder militar era la vigencia de la “real politik”, sostenida por el presidente Eduardo Frei (1994-2000), que se traducía en un pragmatismo que justificaba la inercia ante la magnitud de los obstáculos.

 

El gran show internacional

 

Cuando Pinochet fue detenido en Londres (1998), todo Chile avergonzado, pensó que la justicia se lograría en el Reino Unido, porque en Chile la justicia era algo inexistente, desconocido o imposible.

Pero todos los políticos chilenos reaccionaron al unísono sosteniendo: Hay que respetar la territorialidad de la ley. Así desconocían la naturaleza universal de los derechos humanos, cuyas violaciones pueden perseguirse en cualquier lugar.

 

La derecha consiguió el apoyo de la ex primera ministra Margaret Thatcher. Ricardo Lagos consiguió el compromiso y apoyo del laborismo y Frei movió todos los medios de presión diplomáticos de Estado a Estado. Y consiguieron el milagro: tampoco hubo justicia en el Reino Unido y Pinochet regresó al país saludado con honores militares y se volvió a producir otro milagro: el pobre viejo perseguido e inválido, una vez que pisó tierra chilena salió marchando al compás de las bandas militares.

 

Manipulando a los familiares de las víctimas

 

Desde 1974 los familiares de los detenidos desaparecidos y de las otras víctimas habían desarrollado una heroica lucha ante la represión policial durante la dictadura y de la indiferencia de las autoridades durante la democracia. Sin embargo, estos familiares organizados significaban un frecuente llamado a la conciencia nacional. Para neutralizarlas se usó como elemento esencial el tiempo: tramitarlas indefinidamente.

 

Final y paulatinamente se fueron concediendo pensiones, becas y subsidios a los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados. Estas ayudas fueron miserables. La explicación era la pobreza de las arcas fiscales, que sin embargo, permitían hacer renovaciones periódicas y modernización de todos los equipos militares.

 

Pero no se logró paralizar las acciones de estas agrupaciones que prosiguieron con su lucha por la verdad y la justicia. Nuevas generaciones de incorporaban usando nuevos métodos, como las FUNAS, grupos de personas que denunciaban a prósperos oficiales que habían participado en la violación a los derechos humanos y que se habían construido máscaras de nobles ciudadanos.

 

Este ha sido el factor que ha mantenido la lucha por la justicia en Chile

 

Se ha sostenido que hay que terminar con estas exigencias interminables, propiciando los perdones, reclamando el olvido. Se insiste en la necesidad preocuparse exclusivamente del futuro.

Esta ideología es propiciada y desarrollada por el Gobierno, la oposición y los medios de comunicación y llegó al clímax del cinismo cuando el cardenal católico Francisco Javier Errázuriz levantó la bandera de que “Hay exceso de justicia”, negando toda la tradición católica que habían jugado un rol destacado en la lucha por los derechos humanos.

 

El manto protector

 

¿Cómo es posible que estos 5000 violadores estén encumbrados en altos cargos y tengan un status privilegiado?

En primer lugar, cuentan con la protección del Ejército que no entrega los antecedentes de sus actuaciones delictivas; en segundo lugar, esta misma institución mantiene y financia sus cargos o pensiones y cuando alguno de ellos puede sufrir algún riesgo se le financian guardias personales y si, finalmente, ocurre el hecho excepcional que sean procesados, el ejército le provee de los mejores (y más caros) abogados.

De manera que se presenta la paradoja corrupta de que el Estado financia a la vez el proceso y la defensa, con el desequilibrio que los jueces son elegidos al azar mientras que los defensores son los mejores que existen.

 

Nunca más

 

El Comandante en Jefe hizo una declaración que conmovió tanto a la clase política como la clase militar. En un acto muy importante declaró que el Ejército se comprometía en un “nunca más”.

 

La oferta era bien clara: reemplazar la justicia por la promesa de no seguir cometiendo violaciones a los derechos humanos.

La clase política se manifestó conmovida y declaró que el Ejército había cambiado y ahora era un Ejército democrático. Pero la reacción del movimiento de derechos humanos fue muy clara y percibió que una promesa vana no reemplazaba a la justicia.

 

La opinión pública era de que Lagos era un luchador por los derechos humanos. Pero la real politick había mellado su compromiso con estos ideales y resultó que permanentemente estuvo buscando falsas salidas al problema de los derechos humanos. La culminación de esta actitud es la nominación de un juez de derecha a la Corte Suprema para asegurar la paralización de la justicia, simultáneamente, otorgó un indulto a un militar que cumplía prisión por haber participado en el asesinato de un dirigente sindical. Este crimen fue uno de los más perversos de la dictadura y los culpables no demostraron ningún arrepentimiento, sin embargo, uno de los pocos casos en los que se había alcanzado cierta justicia, se transformó de nuevo, en otro caso de impunidad, esta vez con la firma del Presidente democrático.

 

La Corte Suprema quiere terminar los procesos

 

En reiteradas oportunidades la Corte Suprema ha aplicado mecanismos para finalizar los interminables procesos. Uno fue establecer un plazo de 6 meses pare cerrar todos los procesos, lo que significaba dejarlos, a casi todos, en estado de investigación, sin conclusiones. Cuando un clamor nacional rechazó esta medida, algunos jueces empezaron a aplicar la amnistía.

 

El Informe Valech

 

Otra maniobra del gobierno de Lagos, que contó con el apoyo de la Iglesia Católica, fue la elaboración de un informe sobre las torturas ocurridas durante la Dictadura Militar.

 

Este informe, que fue realizado por gente comprometida con la causa de los derechos humanos, encabezada por el obispo auxiliar de Santiago, por lo cual lleva su apellido. El reconocimiento oficial de que en Chile había habido torturas era un efectivo paso hacia la verdad, porque que hasta entonces, la tortura era un tema intocable ya que podía levantar las iras del Ejército. Este informe permitió establecer algunas pensiones mínimas o pequeñas indemnizaciones para los afectados o sus familias. Se hicieron muchas exclusiones: niños, personas fallecidas, casos no verificados, etc.

 

Aparentemente este fue un paso muy grande en el proceso de restablecer la vigencia de los derechos humanos, pero fue minimizado pues el Gobierno declaró que no se publicarían los nombres de los torturadores (que en algunos casos eran conocidos). De esta manera, el gran paso se transformo en un gesto del Estado para esconder la verdad y para proteger a los torturadores.

 

La cumbre del cinismo político

 

Todas estas maniobras han erosionado o anulado la posibilidad de lograr verdad y justicia. La situación es de una impunidad casi total, con pocos casos en los cuales se ha logrado una justicia parcial, alcanzada gracias a los abogados de las víctimas y no por las investigaciones policiales o de los tribunales.

 

Sin embargo, el intento de casi toda la clase política, es alcanzar la impunidad total. No cabe la menor duda que los tres candidatos presidenciales actuales (diciembre de 2005), con posibilidades de ganar (la socialista Bachelet y los conservadors Piñera y Lavín), les agradarían asumir el mando sin el espinudo problema de las violaciones a los derechos humanos.

 

La derecha disfrutó de la política de la dictadura y durante la democracia, con la misma política neoliberal, sigue disfrutando, logrando crecimiento económico pero con una distribución del ingreso muy negativa (10% más rico de la población tiene 35 veces el ingreso del correspondiente 10% más pobre). Entre 127 países, Chile ocupa el lugar 117 en materia de distribución de ingreso.

 

La prensa de la derecha repite incansablemente que el modelo es un éxito y que debe seguir aplicándose. En cuanto a la violación de los derechos humanos, la derecha los negó sin cesar durante más de 30 años. Sólo ahora la evidencia ha sido tan abrumadora que no podido insistir en su negación. La actual táctica de sus miembros es sostener que ellos no sabían nada. Después, cuando se descubrió que Pinochet tenía una fortuna mal habida en cuentas de bancos extranjeros, la derecha reiteró tampoco sabía nada, de esta manera se ha desligado de toda responsabilidad con los crímenes y delitos de la dictadura.

 

La política de la derecha entra así del campo de la hipocresía al campo del cinismo. La propuesta de estos personeros es un nuevo indulto general consistente en dejar en libertad, a todos los que hayan cumplido 10 años de condena; a todos los mayores de 70 años (los violadores son, en general, personas mayores, especialmente los oficiales de altas graduaciones); a todos los que sufran de cualquier enfermedad, etc. La única condición es que prometen no seguir violando los derechos humanos y no cometer delitos. ¿Alguien se negaría a hacer esa promesa?

 

La naturaleza de los derechos humanos

 

Las violaciones de los derechos humanos son delitos de una categoría especial. Sólo pueden ser cometidos por los agentes del Estado o por personas que cuentan con su protección, son especiales porque el Estado está encargado de respetar y garantizarlos derechos humanos, por lo tanto si los viola, está negando su propia naturaleza y su propia legitimidad. Esta naturaleza es lo que determina que las violaciones a los derechos humanos sean de una categoría especialmente monstruosa y determina que sus autores no puedan ser amnistiados, indultados, ni obtener otros beneficios especiales, tampoco rige ningún tipo de prescripción en estos casos. Esta doctrina universal, que fue la bandera de lucha en contra de la Dictadura, ahora es abandonada en la real politik de Lagos.

 

En estas circunstancias, lo que la derecha y parte de la Concertación proponen, es violar todos estos convenios y quedar al margen de la sociedad civilizada, reconociendo que el Estado está por sobre la persona humana y no como la tradición universal ha logrado establecer: que el Estado existe para proteger y garantizar los derechos que son inderogables y que se basan en atributos inherentes de la persona humana y que son superiores al Estado.