“El mapuche no quiere el poder”

La nueva oleada de mapuche reivindican su cosmovisión, desechan la participación de agrupaciones políticas foráneas - de derecha o izquierda -, hablan de autonomía, se encapuchan al utilizar la violencia como herramienta de lucha y sueñan con un territorio de libres e iguales.

Los mapuche han recobrado su grito de guerra. “Marichiweu” (diez veces venceremos), exclaman en sus manifestaciones contra las autoridades chilenas. Y es que desde hace una década la “cuestión mapuche” salió del baúl de los recuerdos y se posicionó, junto a la llegada de la “democracia” o de la “transición política” luego de un régimen dictatorial, como el foco de atención de los medios de comunicación. La población mapuche más radicalizada empezó a hablar de “autonomía”, no descartó el uso de la violencia, ocultó su rostro bajo pasamontañas - como los integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en México - y levantó el concepto de “conflicto mapuche” en la opinión pública. Desde entonces, el movimiento mapuche quiere que el Estado de Chile salde una deuda histórica.

Como muchas cosas en América Latina, el conflicto con los pueblos originarios es complejo y muy difícil de comprender. Más aún en Chile. La dictadura de Pinochet entrona el sistema capitalista neoliberal e impune el temor y la sumisión entre la población. Ya en los primeros años de Independencia del dominio del imperio español - a inicios del siglo XIX -, los primeros jerarcas del debutante gobierno “criollo” implantaron la consigna de que “todos somos chilenos”. Decenas de años más tarde, los asesores económicos de Pinochet reaccionan ante el proceso de reforma agraria - desarrollado por el gobierno de Salvador Allende (1970-73) -, levantando el derecho a la propiedad individual del territorio mapuche, desechando la relación comunitaria esencial en la cultura y cosmovisión “mapuche” (gente de la tierra). Cristián Melillán integra la organización mapuche urbana de Santiago Meli Wixan Mapu. Es un joven universitario de una de las agrupaciones más radicalizadas del conflicto mapuche, la que conforma además la ya emblemática y satanizada Coordinadora Arauco Malleco (CAM). Esta tiene su origen en un encuentro de entidades indigenistas radicales, realizado en marzo de 1998 en Tranaquepe (provincia de Arauco), bajo el nombre inicial de “Cordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco-Malleco”. Entre las organizaciones fundadores está precisamente Meli Wixan Mapu, el polémico hogar universitario de Temuco, Pegún Dugún, y agrupaciones indigenistas de Osorno, Temuco, Collipulli, entre otras.

Melillán explica que desde mediados del siglo XIX, con la política de la “pacificación” impulsada por el novato Estado chileno, los mapuche han sufrido “un control total”, llegando al nivel de que “nuestra gente dejó de reconocerse como tal”.

Años antes, no obstante, la corona española “se vio obligada a reconocer la independencia y autonomía de la nación de Arauco, como aparece establecido en el Parlamento de Quillín en 1641. Este parlamento (diálogo entre representantes mapuche y españoles) reconoce la frontera del río Bío Bío y regula las relaciones comerciales entre la corona y la nación mapuche, junto a varios otros que se realizaron entre 1641 y 1803.

Son, además, verdaderos tratados internacionales, los cuales se realizaban para regular las relaciones cada vez que se rompía la paz o se producían atropellos de las normas pactadas”, establece el documento de la CAM titulado “la larga lucha del pueblo mapuche”, en el que centra la cuestión como “una lucha incesante por sobrevivir, por defender nuestro espacio y cultura”.

El texto prosigue denunciando “la brutal guerra de exterminio impuesta en la segunda mitad del siglo XIX, que culminó hacia 1883 con el aniquilamiento de más de la mitad de la población mapuche, el arrebato de casi el 95 por ciento de nuestro territorio, el robo de casi la totalidad de la masa ganadera y el arrase a fuego de los cultivos a manos del Ejército chileno”.

Tras la denominada “pacificación”, asegura la CAM, sólo 500 mil hectáreas de 10 millones quedaron en control de los pueblos originarios. Estos perdieron otras 200 mil hectáreas en la década de 1960, que recuperaron, no obstante, bajo el gobierno de la Unidad Popular, encabezado por Allende. “Pero la dictadura militar, junto con hacer desaparecer a cerca de 300 dirigentes mapuche, redujo nuevamente las tierras de las comunidades a menos de 300 mil hectáreas”, asegura el mismo documento.

El tercer hombre más rico de Chile, el empresario papelero y forestal Eliodoro Matte, entrega su opinión del “alzamiento” mapuche a Reportajes del diario La Tercera, el pasado 2 de junio: “No me siento culpable por lo que puedan haber hecho los conquistadores españoles ni los triunfadores de la Guerra del Pacífico, ni las generaciones anteriores. Eso ocurrió en todo el mundo. A mí me parece bien que nos preocupemos del pueblo mapuche, pero el problema son los instrumentos. Aquí se están gastando muchos miles de millones de pesos en una cosa (permuta de tierras) que todos los técnicos sabemos que es un engaño. Esas familias no pueden subsistir en esas tierras empobrecidas. Se necesita mucho capital y mucho tiempo para plantar y cosechar. No digamos engaño, pero mala asignación de recursos. Esos dineros se podrían invertir en educación, capacitación o integración de las comunidades mapuches a la sociedad moderna. El segundo tema grave es que se le entreguen las tierras a grupos violentistas. Y es el caso del fundo Alaska”. Recientemente, la Papelera - de propiedad de Matte - vendió el fundo Alaska, de 200 mil hectáreas a la cuestionada Corporación Nacional Indígena (Conadi). Aducen que se vieron obligados por los atentados incendiarios en esa zona.

Estallido

El 1 de diciembre de 1997, las comunidades Pillín Mapu y Pichi Loncoyán de la comuna de Lumaco en la Novena Región (Chile está dividido en doce regiones, siendo Santiago la Región Metropolitana), incendiaron tres camiones de la empresa forestal Arauco. Ese hecho enciende la mecha. En Chile debuta el “conflicto mapuche”.

El dirigente de la CAM José Huenchunao, quien actualmente se halla en la clandestinidad, explica - tras esos hechos - las razones de la operación, aludiendo al “peso histórico de la opresión, la desesperanza y humillación de nuestra gente”. Un mes más tarde - entre el 27 y el 28 de enero de 1998 -, decenas de comunidades mapuche de Arauco se reunieron en Tirúa (la comuna más sureña de la octava región) con autoridades provinciales. Plantearon en esa ocasión que se les mantenían usurpadas 55 mil hectáreas de terreno, bajo el control de las forestales Arauco, Mininco y Volterra, dependientes de las poderosas familias Angelini y Matte, y del grupo Amindus.

La “guerra” de versiones se había iniciado. Inmediatamente, las empresas forestales agrupadas en la Corporación de la Madera (Corma) inician una campaña comunicacional para estigmatizar a los mapuche como “terroristas”. Hay otros que les interesa hacer la diferencia entre mapuche “bueno y malo”, puntualiza por su parte Cristián Melillán, de Meli Wixan Mapu.

Y están precisamente esos mapuche que luchan, que decidieron pasar a la ofensiva, cansados de ser borregos y víctimas de lo que consideran autoridades foráneas o simplemente “huinkas” (blancas).

La nueva oleada de combatientes mapuche está, sin embargo, más allá de añejas divisiones de izquierda y derecha. Aucán Huilcamán, “werkén” (mensajero) de Aukiñ Wallmapu Ngulam (más conocido como Consejo de Todas las Tierras), confirmó la generalizada postura contra las formaciones políticas chilenas. “Los partidos políticos en su mayoría han jugado un papel neutralizante de nuestro accionar”, declara el 7 de noviembre de 1991 al Diario Austral de Temuco. El Consejo de Todas las Tierras es considerado como la primera organización que levantó la “autonomía” como su bandera de lucha, aunque con el tiempo han ido moderando sus posturas, relacionándose en varios oportunidades con el Gobierno o con algunos partidos de la Concertación (la alianza de centroizquierda que rige Chile desde la salida de Pinochet). Esta agrupación se separa de Ad Mapu (el referente mapuche en la lucha contra la dictadura en los años ’80, de cercanía con el Partido Comunista), haciéndose mediáticamente conocida - bajo esa nueva denominación - desde mediados de diciembre de 1990, en vísperas de los 500 años de la llegada de los españoles.

Y es que los mapuche más radicales reconocen otras autoridades, pertenecientes a su propia cosmovisión y tradición. “Nosotros, por ejemplo, respetamos a las ‘machis’ (curanderas) y a los ‘lonkos’ (jefes), pero sin duda respetamos más a aquellas ‘machis’ y aquellos ‘lonkos’, que se han sumado a nuestro proyecto de lucha. Nosotros creemos que las autoridades tradicionales de nuestro pueblo no son centros culturales ni piezas de museo”, asevera Aliwén Antileo.

¿Nacionalista o autónomo?

El debate está lanzado. Muchos cuestionan el uso de la violencia como herramienta de lucha social; otros mantienen cierto recelo ante un aparente tono nacionalista en el discurso mapuche.

Según La Huella, periódico mensual que en su edición de abril pasado entregó un amplio reportaje en profundidad del conflicto mapuche, “actualmente la CAM plantea que debe asumirse un proceso de Liberación Nacional (mapuche) y de hecho se define como nacionalista, antes que nada”. El “werkén” de mayo de 2001 - boletín editado por Pegún Dugún, integrante de la Coordinadora Arauco Malleco - acusa por su parte a otras agrupaciones mapuche como el Consejo de Todas las Tierras, Identidad Territorial Lafkenche (gente de los lagos), Ad Mapu y otras entidades, de ser “funcionales al capitalismo”.

En ese debate, Cristián Melillán - de Meli Wixan Mapuprecisa que “el mapuche no quiere el poder”. Cuestiona además el mismo concepto occidental de “nación”, ya que la cosmovisión mapuche lo entiende de una forma más integral junto al pueblo y al territorio. Al parecer, esa es la balanza en la que intenta equilibrarse la CAM. En su página web (), la CAM aboga por unir la lucha por su reivindicación cultural y la lucha contra el capitalismo.

Desde el comienzo del conflicto, la prensa nacional ha intentado vincular las acciones violentas de los grupos mapuche radicalizados con organizaciones de extrema izquierda como los presuntos Ejército Guerrillero de los Pobres Patria Libre (relacionado al Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR) y el FPMR, agrupaciones que dejaron de actuar tras el regreso de la “democracia”. También se ha mencionado la participación del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) de Perú, y de integrantes del EZLN desde México. Incluso, en este cóctel de grupos armados internacionales, también se ha querido ver la presencia de la organización separatista vasca ETA. Todos esos rumores son falsos. Los cuestionados Tribunales de Justicia no han encontrado vínculos reales con esas organizaciones. La satanización generada por los grandes medios de comunicación chilenos tienden además a mantener esa práctica paternalista hacia grupos minoritarios, viendo a la población mapuche como seres incapaces para alzarse, por sus propios métodos, contra las apremiantes condiciones de exclusión.

Desde esas premisas, el movimiento mapuche levanta la autonomía, cuestionando a los partidos políticos de todos los colores, la democracia representativa, la autoridad del Estado, el esclavizante sistema capitalista y el homogeneizante modelo de “globalización” de trasnacionales y grandes corporaciones.

No obstante, la prensa nacional continúa con su tendenciosa cobertura, ventilando innumerables e infundados rumores que luego no aportan nuevas revelaciones. En esa estrategia mediática y tras los atentados contra Washington y Nueva York en Estados Unidos, el vespertino ultraconservador La Segunda publicó el 27 de septiembre de 2001 que “la página web de ‘Resistencia Mapuche’ se hospeda en una organización comunicacional del terrorista Bin Laden”.

Por otra parte y años antes, el informe “El conflicto mapuche y su impacto en la seguridad nacional” - realizado en 1999 por el Instituto de Investigaciones Militares de Chile -, hace una alarmante interpretación de la Constitución política de Chile al establecer que al ser las Fuerzas Armadas garantes de la “seguridad nacional”, les correspondería involucrarse en los hechos. Esto tiende directamente a generar una política de militarización en las combativas zonas de Arauco y Malleco, queriendo establecer un perfil del conflicto más cercano a Chiapas o a Colombia, lo que dista notoriamente de la realidad.

Pese a que los grupos más radicales deben enfrentar un alto costo por su lucha de autonomía (golpizas, persecución, prisión, discriminación, etc.), Cristián Melillán - de Meli Wixan Mapu - está convencido de que está en el camino correcto. Y no es otra que la digna lucha por “tierra y libertad”.