Secuestros Inc.

La nueva industria sin chimeneas de México

von Yaotzin Botello

El Estado perdería su razón de ser si la seguridad no fuese garantizada. Así resume Jean Touchard la parte nodal del planteamiento de Thomas Hobbes en el Leviatán.

 

Además del turismo, en México no había otra industria que pudiera generar muchos millones de dólares al año sin contaminar el medioambiente, hasta que los secuestros aparecieron en escena.

Sin embargo esos millones de dólares no van para las arcas del país y desgraciadamente los clientes son personas de pocos, medianos o muchos recursos económicos que se convierten en víctimas.

 

Los datos son verdaderamente alarmantes. En el año 2000 las mafias mexicanas obtuvieron ganancias por 900 millones de dólares, producto del secuestro de 3 mil 200 personas. Sólo Colombia nos supera: 3 mil 706 plagiados arrojaron utilidades por mil millones de dólares para el mismo año. Las cifras provienen del estudio ,,Justicia y seguridad hoy" elaborado por la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados de México y presentado a mediados del 2004.

 

Pero la situación, lejos de mejorar, ha empeorado. Entre 2001 y 2004 fueron secuestradas y asesinadas 85 personas, y en la Ciudad de México se registra un secuestro cada 40 horas.

El problema, de lo local a lo federal...y casi internacional

En México los secuestros tenían como objetivo a grandes empresarios o personas importantes cuyas familias pudieran pagar grandes sumas de dinero.

 

La Ciudad de México era ideal para ello. Una gran metrópoli llena de empresas y de altas rentas donde sólo pueden convivir las personas que tienen el ingreso per cápita más elevado que en el resto del país.

Los secuestros de empresarios o artistas duraban meses y las demandas de dinero eran millonarias.

 

A finales de la década de los 90 empezó a operar desde Morelos, el estado contiguo al sur de la ciudad, la banda de Daniel Arizmendi, el "mochaorejas". La particularidad de esta banda fue empezar a presionar por los rescates de dinero cortando un pedazo de oreja de sus víctimas y enviándola a los familiares. La señal era clara: la víctima estaba siendo sometida a torturas que eran fácilmente comprobables por los familiares.

 

La banda de Arizmendi fue una forma de empezar a institucionalizar el "negocio" del secuestro porque así toda la gente estaba al tanto de lo que pasaba con las víctimas. Asimismo inspiró a otros delincuentes a hacer sus propios secuestros. Hubo el caso de un detenido que confesó haber empezado a secuestrar inspirado por Arizmendi.

 

La ola de secuestros ya se había desatado desde el sexenio presidencial de Ernesto Zedillo (PRI), pero al llegar Vicente Fox (PAN) siguió creciendo. La entrada de Fox representaba la entrada de la democracia a un país que había sido gobernado por más de 70 años por un solo partido . Desgraciadamente la práctica del secuestro también se democratizó.

 

Las bandas de delincuentes pululan y las víctimas proceden de todos los sectores sociales. Atrás quedaron los tiempos en que los secuestradores tenían sofisticados sistemas de información para elegir a sus víctimas. Ahora, el 29 por ciento de los plagiados son estudiantes y el 14 por ciento empresarios. La práctica ha adquirido un tinte familiar: en una banda pueden participar padres, esposas y demás familiares.

 

Como consecuencia de lo anterior, los montos de rescate se han abaratado: en 2001 la Agencia Federal de Investigaciones atendió 67 casos por los que se exigieron 23 millones de pesos de rescate, en lo que va de este año por los 73 casos reportados la suma reclamada asciende sólo a 5.6 millones de pesos. La industria del secuestro es más rentable que la del robo o el asalto a mano armada.

 

La democratización de este tipo de delitos sólo se puede explicar por una razón: el grado de impunidad que gozan los delincuentes. Cuando la banda de Arizmendi fue atrapada en 1998, todavía antes del cambio de gobierno, se descubrió que él tenía lazos con las autoridades.

 

El 5 de agosto del 2004 el secuestro exprés fue catalogado como un delito federal. Esto significa que en cualquier lado del país se aplicará una condena de 15 a 40 años de cárcel y una multa de 500 a 2 mil días de salario mínimo, es decir entre 2 mil 500 y 10 mil dólares, aproximadamente.

 

Así, el delito del secuestro exprés quedó definido como "aquel en el que se prive de la libertad a una persona hasta por cinco días para cometer los delitos de robo o extorsión."

 

Otro de los decretos que fueron aprobados fue reformar el artículo 37 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada para que las autoridades ofrezcan recompensas a aquellas personas que den información eficaz para la liberación de víctimas de secuestro y la aprehensión de delincuentes.

 

Y es que el problema casi toca terreno internacional cuando hace unos meses la embajadora de España en México, Cristina Barrios, empezó a hablar de los secuestros a españoles: en cuatro meses habían sido plagiados ocho españoles, de los cuales cinco fueron muertos. Esto desató una serie de contestaciones del gobierno local y el federal echándose la culpa el uno al otro.

 

El 22 de septiembre del 2004 la periodista Carmen Aristegui propuso un programa por medio del cual ciudadanos, medios de comunicación y autoridades trabajarán juntos para combatir a los delincuentes mediante el intercambio de información. Se denominó Alerta-T y está basado en un sistema similar que se desarrolla en el sur de Estados Unidos.

 

El programa iniciará en octubre y consiste en que los ciudadanos que observan un secuestro u otro delito grave, donde los responsables pretendan escapar, den informes a un puesto de mando de la Policía, que a su vez pasará el reporte a los medios de comunicación.

Por radio y televisión se difundirán algunas de las características de los delincuentes y de las víctimas, así como del lugar donde ocurrió el plagio.

 

La Marcha del Silencio

 

El 20 de julio del 2004 a las 7:50 horas Miguel llegaba en su Audi rojo a las oficinas donde trabaja. Al bajar del auto, dos personas se pusieron delante de él. Venían armadas con pistolas. Una tercera persona apareció para ayudar a sus compañeros a subir nuevamente a Miguel a su auto. Luego de 40 minutos, los delincuentes le quitaron su tarjeta de crédito, un celular, lo liberaron y huyeron en el Audi.

 

Miguel es el sobrino del presidente del Consejo Ciudadano de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Fernando Schütte, a quien le dejaron un mensaje: ,,dile a tu pinche tío que ya deje de estar chingando porque no va a haber próxima". Con ese "no va a haber próxima" se referían a que la siguiente vez Miguel o alguien más acabaría muerto.

 

Schütte fue uno de los organizadores de la marcha contra la inseguridad que había ocurrido un mes atrás, el 27 de junio, y en la que participaron unas 500 mil personas.

Nunca antes se había organizado una marcha así, sólo quizás la que fue a favor de la paz un año atrás, para evitar que Estados Unidos lanzara la guerra contra Irak. El llamado vino de toda clase de fuentes, desde telefonazos de amigos, correos electrónicos y radio, hasta editorialistas de prensa.

 

El 27 de junio del 2004, los mexicanos y primordialmente los ciudadanos de la Ciudad de México salieron a las calles a marchar para exigir tanto al gobierno local como al federal actuar para detener todo tipo de delincuencia: secuestros, robos, asaltos, asesinatos, etc.

 

Los mexicanos se vistieron de blanco e inundaron las calles del DF. Salieron a marchar en silencio, desgañitados de hacer denuncias y encontrar impunidad. Salieron del miedo para hacerse valientes. Emergían de los túneles del metro, descendían de los camiones alquilados, de las peseras (minibuses del transporte público que anteriormente cobraban un peso), de los autos lujosos, de los destartalados. Todos salieron en familia a marchar.

 

Pero en realidad muchos de ellos han salido ultrajados de la cajuela asfixiante; del cañón de la pistola que les rascó la sien o las costillas, de la golpiza, del hospital donde convalecieron por el pulmón perforado con un navajazo, del minitaxi donde fueron sometidos, de la cinta canela que atenaza, de la llamada anónima, insultante que extorsiona, de los desvelos para reunir rescates.

 

,,¡¡México quiere paz!!", era el grito que se escuchó al final durante minutos. Al día siguiente, el gobierno ofreció que en dos meses resolvería el problema de inseguridad, pero nunca se supo cómo lo haría ni cuáles serían los resultados a esperar. A la fecha de publicación de este texto no hay un resultado que permita decir que ya no hay más secuestros en México o que, a lo mínimo, éstos se han reducido.

 

Los costos económicos, sociales y personales de la práctica del secuestro son enormes. La cifra de los 900 millones de dólares, citada arriba, sintetiza la complejidad y la gravedad del problema. En este juego lo que el delincuente obtiene lo pierde una persona, una familia o una empresa. Pero además, están los costos de protección y seguridad y el impacto negativo que tiene para los inversionistas locales y extranjeros.

 

Los casos de empresarios mexicanos que han liquidado sus activos y han emigrado al extranjero abundan, sobre todo entre quienes fueron víctimas directas o padecieron la experiencia de un familiar cercano. Con las empresas internacionales ocurre otro tanto. Según algunos cálculos, mientras los costos de vivienda para un ejecutivo en la Ciudad de México oscilan alrededor de los 3 mil dólares mensuales, el costo asociado de seguridad se sitúa entre los 5 mil y los 20 mil dólares mensuales.

 

¿Hay alguna empresa que desee invertir en seguridad en México?