La población de Colombia no nos puede ser indiferente

Crímenes de lesa humanidad en Colombia y el rol de Alemania

Por María Cárdenas y Gina Cortés

©Ganesh Peter 

En los últimos años, se ha hablado de Colombia principalmente en el contexto de la lentitud en la implementación del Acuerdo de Paz con la entonces más antigua guerrilla: las FARC-EP (2016). Lejos de contribuir a la construcción de paz, las estrategias del gobierno consisten en deslegitimar y criminalizar las recientes protestas en múltiples ciudades del país. La policía (militar) reacciona mediante violencia racista, clasista y sexista contra las y los manifestantes. El estado revela una „estrategia de aniquilación“ contra quienes exigen justicia social. Dada la estrecha cooperación entre Colombia y Alemania, la última debe condicionar sus inversiones al cumplimiento de los derechos humanos y la implementación de los acuerdos de paz firmados en 2016 y otorgar asilo a activistas sociales perseguidos.

En Colombia, uno de los países más desiguales de Latinoamérica, las medidas de aislamiento y cuarentena han afectado en mayor medida a grupos poblacionales que previamente deambulaban entre la informalidad económica y la invisibilización por parte de las autoridades gubernamentales. Con trapos rojos colgados en las ventanas de las casas, la población pedía romper con el sistema económico neoliberal que ha imposibilitado el libre acceso a derechos básicos como la salud, la educación o la infraestructura en las últimas décadas. Sin embargo, en lugar de mitigar los impactos de la pandemia, el gobierno aumentó el presupuesto militar de US$9,2 millones en 2020 a US$10,4 mil millones en 2021, indiferente al incremento de la pobreza a un alarmante 42,5%, sacrificando la estabilidad socioeconómica del país al gasto militar.


 

Los acuerdos de paz – bloqueados, pero no sin efectos en la población

 

Desde el 2018, el actual gobierno, se ha dedicado a bloquear la implementación del Acuerdo de Paz en la medida de lo posible y ha impedido el procesamiento de las causas y los habilitadores de la conflictividad prolongada y de su violencia, tanto estructural como armada. Al contrario, ha promovido un discurso racista y clasista y se ha negado a proteger a su población. Desde la firma del Acuerdo de Paz, según INDEPAZ (Instituto de estudios para el desarrollo y la paz), más de 1.000 activistas indígenas, afrocolombianas/-os, defensoras/-es de los derechos humanos, del medio ambiente y de la paz, campesinas/os, así como periodistas han sido asesinados y asesinadas, 103 en el año actual, y 310 en 2020 (con fecha del 13 de Agosto 2021). Además, 289 civiles fueron asesinados por la policía, 328 por los militares y se conocen 139 casos de violencia sexual por parte de los militares y 102 por parte de la policía entre 2017 y 2019. Mientras cada tres días es asesinado/-a un activista indígena (correspondiendo al 20% de los asesinatos aunque la población indígena constituye solo el 4,4% de la población), una gran parte las víctimas del paro, de la violencia policial y de las 151 masacres entre 2020 y 2021 son jóvenes afrocolombianos/-as. A esto se suman los casi 300 firmantes del acuerdo asesinados desde 2016 (exguerrilleras y exguerilleros desmovilizados/-as). Esto no deja lugar a dudas, que la violencia armada legal e ilegal en el país tiene una agenda altamente capitalista y de índole colonial.

Sin embargo, incluso en estas condiciones, las instancias de justicia transicional creadas como resultado de los acuerdos, como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) demostraron la responsabilidad directa e indirecta de las élites políticas y los órganos del Estado en la perpetración y el encubrimiento de los crímenes contra los derechos humanos. Entre otras, La JEP pudo demostrar que un total de 6.402 civiles en condición precaria habían sido asesinados por militares para luego ser declarados como “bajas”, con el único fin de mejorar con estos cadáveres las estadísticas lucha contra la guerilla, escándalo más ampliamente conocido como „falsos positivos“. Además, ambas instancias - refiriéndose al „capítulo étnico“ del acuerdo de paz - exigieron que se reconozcan y fortalezcan las formas de vida, organización social y economías afrocolombianas e indígenas como alternativas legítimas al sistema neoliberal de (mal)desarrollo, reconociendo que legados coloniales como el racismo y el capitalismo neoextractivista han sido factores impulsores de la violencia armada contra estas. Por ello, exigieron que se rechacen la privatización y el neoextractivismo en sus territorios, reforzando así las demandas de las comunidades étnicas.

Por ello, el Acuerdo de Paz, a pesar de su ardua implementación y en medio de la creciente violencia, había dado a la población la esperanza y también la confianza de que una sociedad diferente sí es posible. Durante estos años han surgido numerosas alianzas más allá de las fronteras políticas. Se ha ido creando una cultura de reconocimiento mutuo y desde la diferencia. Esto también puede verse en las alianzas cada vez más fuertes entre estudiantes, población afrocolombiana, pueblos indígenas, campesinos y campesinas, y personas LGBTIQ+, como sucede en el actual Paro Nacional. Son estas alianzas entre grupos oprimidos y violentados, que ponen a las elites tradicionales en alerta, pues la fragmentación de la sociedad civil colombiana siempre ha sido su herramienta más efica para mantenerse en el poder.

 

Un levantamiento nacional

 

Así que, aunque en un principio, las protestas a lo largo del país que comenzaron el 28 de abril, parecían desencadenadas por la actual política del gobierno de intentar trasladar los costos de la pandemia a las ya asediadas clases medias y bajas, las protestas no son solo una consecuencia de la pandemia o de una reforma tributaria equivocada. Detrás de estas protestas a las que se sumaron todos aquellos sectores mencionados arriba y que son la continuación de las protestas de noviembre de 2019 y septiembre de 2020, hay razones mucho más complejas, esperanzas frustradas y rechazo por el rumbo del país. Se contraponen a un clientelismo político que no sólo se enfrenta abiertamente a la paz y bloquea cualquier solución al conflicto, sino que además sigue manteniendo estructuras de dominación casi feudales, concentrando los principales sectores de la economía legal e ilegal, devorando el territorio, su flora y fauna, y desplazando comunidades. Estas protestas también alzan su voz en contra de una cultura política corrupta que polariza en lugar de unir, y contra relaciones de poder neocoloniales que atrapan a la población colombiana en un ciclo de desigualdad, pobreza, violencia estructural y armada, desconfianza, división y miedo. Así que, las protestas y su violenta represión no dejan lugar a dudas de que son síntomas de una polarización social más amplia entre aquella gran mayoría que quiere paz y justicia social, y aquella minoría que históricamente se ha beneficiad por las relaciones de dominación y violencia – un conflict en aumento que ha sido exacerbado por el gobierno actual.

 

La violencia en el Paro y las recomendaciones de Amnesty International y de la CIDH

 

Desde que comenzó el Paro Nacional el 28 de abril de 2021, han aumentado las violaciones de derechos humanos contra personas que protestan pacíficamente, perpetrados por fuerzas del Estado y milicias ciudadanas y paramilitares. Según las ONG‘s Temblores e INDEPAZ, hasta el 15 de julio de 2021 habían sido reportados 4852 casos de violencia policial, 80 personas fueron asesinadas durante el paro, dentro de los cuales 44, en su mayoría jóvenes, han sido asesinados por la policía militar y las milicias. Además, 28 personas han sufrido violencia sexual por parte de las fuerzas estatales, 91 personas que habían participado en el paro nacional siguen desaparecidas (últimas cifras según fiscalía, del 12 de julio). Numerosos vídeos dan cuenta de esta violencia inconcebible y desmedida. Medios de comunicación y diversos actores afines al gobierno, como el expresidente Álvaro Uribe, habían criminalizado a la protesta e incitado a la violencia contra los marchantes, entre otras, señalando a la población indígena como presuntos terroristas del ELN (Ejército de Liberación Nacional). Amnistía Internacional realizó una verificación del material digital que documenta no sólo el uso excesivo e innecesario de la violencia por parte de agentes de las fuerzas públicas, sino también los actos de paramilitarismo urbano cometidos por civiles armados. Su investigación exhaustiva comprueba que los hechos documentados responden a un patrón de represión violenta por parte del Estado colombiano que data de años anteriores y cuyos verdaderos objetivos son infligir miedo, desincentivar la protesta pacífica y castigar a quienes exigen sus derechos (Amnistía Internacional 2021). Esto se complementa con los discursos de odio y amenazas aumentando en las redes sociales contra cualquiera que defiende el derecho a la legítima protesta. Esta verificación complementa el reporte realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano independiente al cual inicialmente le fue negada su visita por parte del gobierno colombiano. En el documento, la CIDH realizó una serie de recomendaciones las cuales fueron rechazadas por el Estado, cuestionando el mandato de la comisión. Entre las recomendaciones se incluye la separación de la Policía Nacional y el ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) del Ministerio de Defensa, rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad del Estado, investigación de denuncias de violación de derechos humanos, prohibir de manera efectiva el uso de la fuerza letal como recurso en las manifestaciones públicas, así como tomar medidas para combatir la discriminación étnico-racial (entre otras) y reforzar los mecanismos de acceso a la justicia para mujeres, niñas y personas LGBTIQ+ víctimas de violencia de género.

 

El gobierno alemán también tiene una responsabilidad

 

Con un volumen comercial de 2.500 millones de euros (2019), Alemania es el quinto socio comercial de Colombia y su mayor socio comercial dentro de la UE. Además, hasta diciembre de 2020, se comprometieron 509,3 millones de euros para nuevos proyectos de cooperación técnica y financiera (subvenciones y préstamos). Debido a la estrecha cooperación económica, científica, técnica y financiera, a través de la cual Alemania invierte fuertemente en Colombia, el gobierno alemán debe garantizar que sus fondos sí como las inversiones de empresas alemanas se utilicen para fortalecer y no debilitar los derechos humanos, la democracia, la paz y la protección del medio ambiente. Como exportador de armas, Alemania tiene que asumir además otra responsabilidad en lo que está ocurriendo actualmente en Colombia, pues el fabricante de armas alemán Sig Sauer fue recientemente condenado a 11,1 millones de euros por haber suministrado ilegalmente 38.000 pistolas a las fuerzas de seguridad colombianas. Por ello, es imprescindible una posición clara del nuevo gobierno alemán que se elige a finales de septiembre y de su representación en Colombia reconociendo y rechazando la violencia del gobierno contra su población civil. Así mismo, el gobierno alemán debería conceder asilo a los colombianos perseguidos políticamente, en lugar de asumir que Colombia es un país de origen seguro.

©Sebastian Correa

Manifestantes protestan en contra del racismo, el clasismo y la violencia estructural de un Estado patriarcal ©Sebastian Correa


Conclusión

 

A Colombia no es que le falten conocimientos técnicos o profesionales ni recursos naturales, así como tampoco hay escasez de demócratas y activistas por la paz... todavía no. Colombia carece de garantías democráticas, de acceso a los derechos humanos básicos, de garantías para proteger la vida humana y el Estado de Derecho. El problema del país es la opresión violenta a lo largo de continuidades coloniales y el mantenimiento de la élite en el poder a través del terror. Así lo demuestran las formas de violencia utilizadas por fuerzas estatales. El gobierno actual y su gabinete en la sombra, compuesto por élites económicas y políticas, son la fuerza central de bloqueo que obstaculiza el cambio democrático y pacífic que ahora exige la sociedad en general. Las generaciones que reclaman paz están arriesgando sus vidas hoy para tener un futuro mañana. La sociedad alemana tiene que exigir al nuevo gobierno alemán posicionarse claramente para proteger estas vidas y no permitir más impunidad.

Info: Para conocer el trabajo de los colectivos por la paz colombianos en Alemania, visita sos-colombia.de. El presente artículo toma partes de una primera versión que fue publicada en alemán el 20 de mayo de 2021 en Wissenschaft-und-Frieden.de.

 

María Cárdenas está realizando su doctorado sobre la incidencia del activismo interétnico por la paz en Colombia. Trabaja como consultora para el fortalecimiento de la paz y el desarrollo de la juventud desde una perspectiva decolonial y antirracista, y es investigadora asociada de la Universidad Justus Liebig de Giessen en el proyecto ERASMUS+ BRIDGES que busca diversificar la producción de conocimiento. Participa en varias asociaciones y redes por la paz a nivel nacional e internacional.

Gina Cortes trabaja en política de género y cambio climático en la organización internacional Women Engage for a Common Future. Es ingeniera ambiental por la Universidad El Bosque y tiene un máster en Gestión de Recursos Sostenibles por la Universidad Técnica de Múnich (TUM), con estudios adicionales en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong (HKUST). Forma parte de varios programas y redes, como la Fundación Heinrich Böll, la Global Solutions Initiative y SDG18 Voices.